• Operan como una incubadora de empresas a costillas de los veracruzanos, señaló el diputado.
• Carpeta con hallazgos del desempeño administrativo de la dependencia, ya está en manos de Pablo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara en San Lázaro.
• Roberto Ramos Alor, admite que hay irregularidades, y evita hablar de los alcances del decreto emitido por el gobernador del estado para la atención de la pandemia.

Xalapa, Ver., 6 de diciembre de 2021. De acuerdo a documentos oficiales obtenidos de transparencia y del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la Secretaría de Salud, entregó adjudicaciones directas para la adquisición de medicamentos y materiales quirúrgicos, a diversas empresas de reciente creación, así como a empresas con giros de construcción, mobiliario de oficina e incluso veterinarias, situación que cuestionó el diputado local Marlon Ramírez Marín al titular de la dependencia, Roberto Ramos Alor.

“Pareciera que se le entregó dinero a personas que no estaban dedicadas al giro y una vez que cobraron anticipos, van con mayoristas que son proveedores y se los venden a la secretaría a su cargo, ¿tenía conocimiento de esto? porque de acuerdo a documentos oficiales que están en los portales de transparencia, emitidos por el ORFIS hay una observación muy clara a esta práctica, dijo el diputado quien comparó esta situación con una incubadora de empresas a costillas de los veracruzanos.

Durante la comparecencia de Roberto Ramos Alor, ante la Comisión de Salud y Asistencia de la LXVI Legislatura, Marlon Ramírez Marín, subrayó que es el único funcionario de este gobierno que tiene dos cargos: Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud de Veracruz, lo que lo lleva a tener una doble revisión y fiscalización por la naturaleza de sus encargos, la de la Contraloría General del Órgano Superior de Fiscalización, y la Auditoría Superior de la Federación.

Por ello, luego de solicitar lectura de los artículos 32 Fracc. 9 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 18 Fracc. II, III, XX, XXII y XXVII del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, cuestionó al secretario si ¿está consciente sobre el principio de legalidad y respecto de este marco jurídico que norma su desempeño?

“Por supuesto que estoy enteradísimo de los alcances de mi cargo, aparte de médico pediatra, soy licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Si hay algún cargo o cargos que son observados con lupa es precisamente los que tengo, todos los entes fiscalizadores están pendientes de mi cargo y nombramiento, estamos apegados a derecho. Le recuerdo que mi cargo obedece a un decreto que la legislatura del estado en tiempo pasado aprobó”, respondió el secretario.

En este contexto, el diputado Marlon Ramírez Marín, le pidió explicara los alcances del decreto publicado el 7 de abril de 2020, emitido con relación a la emergencia del Covid-19, y dio a conocer algunos hallazgos como la entrega de contratos por adjudicación directa previa a la publicación del decreto con fecha de 7 de abril de 2020, entregaron contratos a empresas de personas físicas sin experiencia en el ramo ni actividades relacionadas con el mismo.

Ejemplificó que: Infraestructura y Construcción Lumssy, empresa dedicada a la obra civil y pesada, y recibió un contrato para suministrar cortinas antibacteriales, por un monto de 392 mil pesos; además a Araly Rodríguez Vez, que fue beneficiada con 7 contratos con número de proveedor 32804, con actividad comercial de bienes informáticos, muebles, mobiliario de oficina, y ahora vendió batas quirúrgicas y overoles por el orden de 34 millones de pesos.

De igual forma, la empresa SOPRICOM Comercializadora y Servicios, cuyo giro comercial está relacionado con la venta de medicamentos veterinarios, y ahora vende medicina para humanos por un monto de 1 millón 740 mil pesos. “¿Usted tenía conocimiento de estas actividades y qué acciones ha tomado al respecto?”

Admite irregularidades

Roberto Ramos Alor, indicó que, respecto al decreto de 7 de abril, y ya que la emergencia sanitaria aún no ha pasado, se autorizó a la Secretaría de Salud, la realización de compras por adjudicación directa, para no invertir tiempo en procesos tardíos de licitaciones y realización de trámites burocráticos, que habrían propiciado demoras peligrosas en atención de la población.

“Las compras directas efectuadas al amparo de dicho decreto se han realizado como lo exige la Ley de Adquisiciones de nuestro estado, y siempre ponderando el derecho humano a la salud de las y los veracruzanos. De ahí que no deben estigmatizarse o vistas como designaciones arbitrarias”, agregó.

Señaló que las adquisiciones para atender la emergencia sanitaria se realizaron con los proveedores que tenían los bienes e insumos para entrega inmediata durante la pandemia, considerando el cumplimiento de las especificaciones que los médicos indicaban y anteponiendo el mejor precio en el mercado. “No existieron ni existirán las acciones basadas en beneficios personales.”

Marlon Ramírez Marín, reiteró que además de la gaceta de fecha 7 de abril, un subcomité que realizó una serie de contratos de manera previa a la emisión del decreto, “me parece que está consciente porque además el ORFIS le hizo del conocimiento estas observaciones, entonces le vuelvo a insistir, ¿usted tenía conocimiento de estas acciones?

“Del Grupo Legislativo del PRI tanto en materia de seguridad, como de educación y otras más, no intentamos politizar el tema de salvaguardar la salud de los veracruzanos, el manejo administrativo es una cuestión completamente distinta, y esa ha dicho usted señor secretario, que la entiende perfectamente.”

Al respecto, Ramos Alor dijo que operaron con “celeridad y sentido de prioridad”, con el propósito de responder a la emergencia sanitaria por el virus SARS Cov2; “acepto señor diputado que pudiera haber observaciones, lo entendemos, pero era prioritario para nosotros, salvar la vida de una persona y después responder a trámites (…) pero quiero decirle señor diputado, nunca, nunca daño patrimonial.”

Para finalizar, el diputado Ramírez Marín puntualizó: “nunca lo he acusado a usted de daño patrimonial, no soy autoridad fiscalizadora en términos penales”, y entregó al secretario, un listado de empresas de reciente creación, a las que se les ha asignado un monto importante de recursos de la dependencia.

Asimismo, entregó un sobre con todos los hallazgos a la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta de la Comisión, mismo que ya fue entregado al diputado federal Pablo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que también proceda a hacer una revisión puntual en su caso.