Comunicado de la Secretria General, Dip.Federal.Lorena Piñon.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de octubre de 2024

• El Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, expuso el posicionamiento del partido desde el senado.
• Se enfatiza en que tácitamente reconocen que la reforma judicial puede anularse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La diputada federal y Secretaria General del PRI en el estado de Veracruz, Lorena Piñón, calificó como una «confesión de parte» la presentación de la iniciativa de reforma constitucional por parte de Morena que pretende hacer inimpugnables las reformas a la Constitución. «Con esta iniciativa apresurada, el oficialismo está reconociendo explícitamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para revertir su reforma judicial populista», señaló.

«Como lo ha expresado nuestro presidente nacional, el Senador Alejandro Moreno, esta iniciativa representa un atentado contra los principios fundamentales de progresividad de los derechos humanos y el principio pro persona, pilares del sistema jurídico mexicano y del derecho internacional», enfatizó la legisladora veracruzana.

Piñón advirtió que la propuesta viola flagrantemente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en lo referente al derecho a la protección judicial efectiva. «Es una iniciativa que busca blindar una reforma judicial que pretende destruir la carrera judicial y someter al Poder Judicial a los intereses políticos, del crimen organizado y grupos de presión. La prisa con la que pretenden aprobar esta reforma evidencia su temor ante el inminente control constitucional que ejercerá la Suprema Corte. No podemos permitir que se destruya el sistema de pesos y contrapesos que garantiza nuestra democracia».

La diputada federal resaltó que la iniciativa presentada por Adán Augusto López y otros legisladores de Morena contradice la jurisprudencia interamericana sobre el control de convencionalidad y el derecho a un recurso judicial efectivo. «Es particularmente grave que pretendan excluir expresamente el control de convencionalidad, lo cual nos expondría como país a responsabilidades internacionales», concluyó Piñón.